Redacción de Internacional
La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, aseguró en una entrevista realizada por la directora de Internacional de la Agencia EFE, Emilia Pérez, en la Tribuna EFE-Casa de América, que ve posible alcanzar un acuerdo con el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, antes de que acabe el gobierno de Gustavo Petro en agosto de 2026.
Además, la canciller defendió al presidente colombiano tras la polémica por la publicación de sus gastos para demostrar que no tiene vínculos con el narcotráfico y calificó de «injusta» la inclusión del jefe de Estado en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, conocida como «Lista Clinton».
A su vez, pidió que se depuren responsabilidades tras la muerte de, al menos, doce menores de edad en varios bombardeos del Ejército colombiano en las últimas semanas contra disidencias de las FARC, que calificó de «desafortunados».
En relación al Clan del Golfo, indicó que hay evidencias «de que sí quieren (alcanzar un acuerdo); es muy posible que antes de que acabe el gobierno pueda haber una decisión y ese acuerdo con ellos para desactivar toda la actividad ilegal», afirmó la canciller en la Tribuna de EFE en la Casa de América.
El Gobierno colombiano comenzó en septiembre en Catar un diálogo con el Clan del Golfo, el mayor grupo de Colombia con casi 9.000 integrantes dedicado al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes, que en principio no es un diálogo para un acuerdo de paz como tal sino una conversación socio-jurídica para conseguir un sometimiento a la justicia.
La canciller adelantó que «seguramente este mes o al otro pueda hacerse una segunda ronda (en Catar) donde se fijen acuerdos muy concretos», y subrayó que el gobierno colombiano está enfocado ahora mismo en negociar con grupos que tengan voluntad de ello porque «no se puede tener mesas indefinidas para hablar y no concretar nada», dijo.
El Gobierno de Petro reanudó en noviembre de 2022, nada más llegar a la Presidencia, las negociaciones con la guerrilla del ELN, que finalmente se suspendieron este año y tras las cuales el gobierno ha criticado en varias ocasiones la poca voluntad de la guerrilla para alcanzar un acuerdo.
Madrid, 19/11/2025.-La canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy (2d), la periodista y directora de Internacional de la Agencia EFE, Emilia Pérez (d), el director general de la Casa de América León de la Torre (i), y el embajador de Colombia en España y el Principado de Andorra Eduardo Ávila Navarrete (2i), durante la Tribuna EFE- Casa de América. EFE/ Fernando Villa
Respecto a la «Lista Clinton», opinó en la Tribuna EFE–Casa de América conducida por Pérez, que la inclusión de Petro y su familia en el listado «es bastante injusta, es como un castigo a Colombia en cabeza del presidente, que es el jefe de Estado y el presidente legítimo de nuestro país».
El 24 de octubre, EE.UU. anunció la inclusión de Petro en la «Lista Clinton», tras acusarlo de ser un «líder del narcotráfico», y también se añadió a su esposa, Verónica Alcocer; su hijo Nicolás Petro, y el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La canciller considera que es «una situación muy negativa» tanto para Petro como para el país porque «no hay ninguna evidencia de las que se argumenta para incluirlo en esa lista», expuso.
El gobierno colombiano ha presentado una nota verbal para pedir al estadounidense que dé los motivos por los que se le ha incluido y también para exigir que se le saque, según explicó Villavicencio, ya que esta inclusión impacta en la presencia internacional de Colombia y su relación con otros países.
Por último, al referirse a los bombardeos a menores, justificó que «en la lucha contra los grupos ilegales, cuando hay esa violación a los derechos de las poblaciones, esas incursiones, esas coacciones y esas extorsiones, las fuerzas de seguridad actúan en Colombia».
«Puede haber ocurrido una situación no totalmente vigilada por algo que se va a bombardear y tendrá que haber depuración en ese caso», dijo Villavicencio.
La Procuraduría (Ministerio Público) y la Fiscalía han anunciado ya sendas investigaciones para determinar si estos bombardeos cumplieron o violaron el derecho internacional humanitario (DIH).